Por:Clara Stella Juliao Vargas

Directora Centro de Transformación Social

Saber que se tiene un derecho no es lo mismo que llegar a ejercerlo. Muchos adultos mayores en Bogotá saben, de manera general, que existe una política en el país que los protege, pero no saben cómo acercarse a ella, ni ante quien reclamarla y seguramente no conocen los pasos a seguir para que ese derecho, reconocido por la política, se pueda traducir en un beneficio concreto en su diario vivir. Esa brecha entre la norma escrita y la norma vivida es el reto más urgente de esta política de envejecimiento y vejez en Colombia, algo que se advirtió al analizar el marco de derechos y deberes de esta población (Juliao Vargas et al, 2016).

Siempre hemos dicho que en esta materia el país cuenta con un marco de política firme, existe la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031(formalizada mediante el decreto 681 de 2022) que busca dejar de lado estereotipos negativos frente a la vejez  mientras promueve el envejecimiento activo articulando ministerios y departamentos para garantizar salud, educación y participación de adultos mayores a partir de 6 ejes estratégicos; y a nivel distrital la política pública social para el envejecimiento y la vejez 2010-2025 (adoptada mediante el decreto 345 de 2010) para proteger los derechos humanos de esta población y mejorar su bienestar social, económico y cultural a partir de 4 dimensiones fundamentales. Este entramado normativo es amplio y detallado según ejes o dimensiones, pero su sola existencia no garantiza el acceso. Este depende de ciertas condiciones adicionales que no se cumplen de forma pareja a lo largo y ancho del territorio nacional o distrital.

Acogiendo el enfoque de Gestión Asociada que hemos venido trabajando en esta columna o apartado de este informativo (Juliao Vargas, 2026a), útil para pensar cualquier política pública, Poggiese recuerda que las metodologías participativas facilitan escenarios formales entre diferentes tipos de actores sociales para la toma de decisiones. Si aplicamos al envejecimiento, enfatizamos que el acceso efectivo del adulto mayor a los derechos explícitos en dichas políticas no depende solo de la oferta institucional del Estado, sino de la real articulación entre este, la familia, la comunidad, el sector privado y las organizaciones de personas mayores, cada uno desde su propio mandato y acorde con la norma vigente (Ej: Normativa y recursos desde el Estado,  cuidado desde la familia, capacidad de movilización y organización desde la comunidad) como expresión de fortalecimiento del tejido social base de todo proceso organizativo (Juliao Vargas, 2026b).

Que un adulto mayor acceda realmente al cumplimiento de la política requiere el cumplimiento de tres condiciones:

1. Información oportuna y comprensible de sus derechos y deberes, de la oferta de servicios disponible y sus rutas de acceso. Todavía no llegan a todo este grupo poblacional a pesar de cartillas y esfuerzos pedagógicos (Juliao et al, 2016).

2. Organización: espacios como Consejos locales y distrital de sabios o el comité operativo de envejecimiento y vejez, el consejo nacional de personas mayores. Aun no logran superar brechas de participación y barreras de asignación presupuestal.

3. Capacidad de gestión para tramites, documentos y uso de canales digitales que requieren procesos de formación para la autonomía digital que hoy por hoy se exige.

A estas condiciones se suma un elemento más personal, que también depende de la oferta institucional y que está relacionado con el deber del autocuidado que debe adelantar cada adulto mayor. Un estudio con mujeres mayores de la localidad de Engativá encontró que ocho semanas de ejercicio físico basado en entrenamiento de fuerza mejoró significativamente su capacidad funcional y aumentó su percepción de bienestar, su autonomía, vitalidad e interacción social (Sánchez-Roa et al, 2024). Resultado que muestra como el autocuidado no es solo responsabilidad a nivel individual, sino un derecho que se cumple a través de programas sociales accesibles, cercanos territorialmente y que se sostengan en el tiempo, como el programa de adulto mayor del Consultorio Social Minuto de Dios, para Engativá.

Desde el punto de vista institucional, existen también retos y limitaciones, como la fragmentación o desarticulación existente entre entidades a nivel nacional y distrital generando duplicidad de esfuerzo o vacíos persistentes. Igual la falta de continuidad entre los periodos de gobierno que debilita procesos y capacidades.  Todo esto sin contar con el tema presupuestal que no alcanza para la creciente población en este rango de edad; el tema de la periferia de las ciudades cuyo acceso es menor al de los sectores céntricos de ellas; o a los procesos de seguimiento o evaluación de acciones y poblaciones favorecidas.

Recordemos que el artículo 46 de la constitución política señala la concurrencia entre el estado, la sociedad y la familia para la protección y asistencia de las personas mayores (Juliao et al, 2016). “Concurrirán” es la clave, es decir un solo actor no puede garantizar que la política se cumpla. Así que avanzar hacia una vejez digna requiere un ejercicio de gestión asociada donde el adulto mayor pasa de ser destinatario de una política a ser actor de su cumplimiento.

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Referencias

Juliao Vargas, C. S., González Fiquitiva, M. y Umbarila Laitón, P. (2016). El adulto mayor en Bogotá. Derechos y deberes. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.

Juliao Vargas, C. S. (2026a). El enfoque de gestión asociada y los mecanismos de participación en Colombia. Informativo UPZ 29.

Juliao Vargas, C. S. (2026b). Fortalecimiento del tejido social como base para la organización y gestión comunitaria. Informativo UPZ 29.

Sánchez-Roa, I. J., Reina-Monroy, J. L., Juliao-Vargas, C. S. y Cardozo, L. A. (2024). The Effect of Physical Exercise on Functional Capacity and Perception of Well-Being in Older Adults. Physical Education Theory and Methodology, 24(2), 187-197. https://doi.org/10.17309/tmfv.2024.2.01