
Seguridad vial y uso del espacio público: una mirada desde el peatón.
Caminar por la ciudad parece una cosa muy sencilla, pero muchas veces nos encontramos con otra realidad. El espacio público se ha convertido en uno de los factores que pueden afectar la seguridad vial cuando una motocicleta o bicicleta ocupa lugares destinados para los peatones. Esta situación puede dificultar el paso y hacer que caminar se convierta en un desafío, especialmente cuando las motocicletas se encuentran parqueadas en zonas por donde las personas necesitan transitar.
Boletín Septiembre 2026
¿Andenes para caminar o para esquivar?
La realidad del peatón.
Por: Lizeth Robayo
Practicante de Comunicacion Social – Periodismo
Cuando se habla de seguridad vial no debería pensarse siempre en automóviles, motocicletas o ciclas que se movilizan por las calles, sino también en los otros actores viales que hacen parte de ellas. Para un peatón es muy común encontrar una motocicleta o una cicla en su espacio de circulación, lo que lleva a preguntarnos si esto debería convertirse en una costumbre: tener que buscar otra alternativa para continuar su camino, incluso poniendo en riesgo su propia seguridad.
Esta problemática nos genera muchas preguntas, pero una de las más grandes es:
¿por qué el peatón tiene que cambiar su recorrido cuando el espacio destinado para caminar está ocupado?
Esta situación no se debería solo visualizar desde la problemática de pasar, sino también como una preocupación de cuánto conocimiento de los peligros se están generando por parte de los diferentes actores viales, quienes deben tener una preparación para recibir una licencia. Según el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, toda persona que participe en el tránsito como conductor, pasajero o peatón debe comportarse de manera que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás personas, además de conocer y cumplir las normas de tránsito que le correspondan.
Esta situación se sigue presentando en diferentes lugares de Bogotá. Por ejemplo, de acuerdo con información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en su portal Bogotá.gov.co, durante el año 2025 la Secretaría Distrital de Movilidad realizó 1.409 operativos y se impusieron 17.650 comparendos a motociclistas por transitar por los andenes. Para febrero de 2026 ya se habían impuesto 3.306 comparendos por esta misma conducta. Estas cifras nos muestran que no estamos hablando solamente de una situación que ocurre de manera aislada, sino de una problemática que las autoridades también han tenido que controlar.
Pero, más allá de las cifras, es importante pensar en lo que sucede con las personas que diariamente tienen que caminar por estos espacios públicos ocupados de forma indebida. Cuando un andén se encuentra ocupado, el peatón puede verse obligado a buscar otra manera de continuar su recorrido y, en algunas situaciones, acercarse o cruzar por espacios donde circulan diversos tipos de vehículos. Es aquí donde nos preguntamos si realmente estamos haciendo un uso adecuado de los espacios públicos y si estamos teniendo en cuenta a otros actores viales que también hacen parte de la movilidad de nuestra ciudad.
Lo que nos lleva a mirar que ocurre en nuestros barrios y espacios que hacen parte de nuestros recorridos diarios. No se trata solamente de hablar de quién puede o no utilizar determinado espacio, sino de reconocer que cada lugar tiene una función y que respetarlo también permite que las personas puedan movilizarse de una manera más segura.
Por esta razón, este mes queremos hablar de “Seguridad vial y uso del espacio público: una mirada desde el peatón”, para abrir una conversación sobre la manera en que estamos compartiendo nuestros espacios y sobre la importancia de que caminar por nuestros barrios también pueda ser una experiencia segura y tranquila para quienes habitan y se movilizan en estos espacios.
Referencias
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2026, 23 de febrero). Más de 20.000 sanciones en un año a motociclistas por transitar por andenes: Bogotá refuerza operativos de control. Bogotá.gov.co. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/20000-multas-motociclistas-por-transitar-en-andenes-en-bogota-2026
Departamento Administrativo de la Función Pública. (2002, 6 de agosto). Ley 769 de 2002: Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. Gestor Normativo. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5557
EDITORIAL

TEMA CENTRAL
La seguridad vial: una responsabilidad compartida.
Por: Héctor Fabio De Los Rios Montoya.
Abogado constitucionalista, conciliador, especialista en movilidad y seguridad vial, auditor y representante gremial.
La seguridad vial no depende únicamente del comportamiento de los conductores o de la existencia de normas de tránsito; también está estrechamente relacionada con la manera en que se planifica, organiza y utiliza el espacio público. Desde la perspectiva del peatón, para establecer una movilidad segura se requiere que las calles, andenes, cruces, ciclorrutas (espacio que, aunque siendo de las bicicletas, también son transitables), zonas verdes y demás espacios destinados a la circulación sean accesibles, continuos, adecuados y estén libres de obstáculos que obliguen a las personas a exponerse innecesariamente al tránsito vehicular. El peatón constituye uno de los actores fundamentales de la movilidad urbana y, al mismo tiempo, uno de los más vulnerables frente a los vehículos motorizados. Esta vulnerabilidad aumenta cuando existe una ocupación inadecuada del espacio público, con la instalación de mercancías, vehículos estacionados, mobiliario, ventas informales, daños en los pisos de los andenes, materiales de construcción u otros elementos sobre los andenes que pueden reducir o bloquear las zonas destinadas al tránsito peatonal. Como consecuencia, las personas pueden verse obligadas a caminar por las calzadas o desplazarse por espacios que no cuentan con condiciones suficientes de seguridad, poniendo en riesgo sus vidas y generando ser obstáculo en las vías. Esta situación afecta especialmente a niños, personas mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida. Desde una perspectiva técnica, un espacio público seguro debe garantizar condiciones de continuidad, accesibilidad, visibilidad, iluminación, señalización y separación adecuada entre los diferentes modos de transporte. No basta con que exista físicamente un andén; este debe contar con dimensiones y condiciones que permitan una circulación cómoda y segura. De igual manera, los cruces peatonales deben estar correctamente señalizados y ubicados en puntos donde permitan al peatón atravesar la vía con el menor nivel de exposición posible al tráfico. Uno de los principales problemas surge cuando diferentes actividades urbanas compiten por el mismo espacio. El comercio, el estacionamiento, la movilidad en bicicleta, el transporte público y la circulación peatonal cumplen funciones importantes, pero su coexistencia requiere organización y regulación, y actualmente el uso de las motos/bicicletas eléctricas; pues el derecho al uso del espacio público no puede entenderse como una autorización para apropiarse permanentemente de zonas destinadas a la circulación. Por ello, las autoridades tienen la responsabilidad de planificar, regular, controlar y mantener estos espacios, procurando que su utilización responda al interés general y garantice condiciones de accesibilidad y seguridad. Los conductores también tienen una responsabilidad fundamental, especialmente frente a los peatones, pues deben respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito, los pasos peatonales y las normas de prelación. Por su parte, los peatones deben utilizar adecuadamente las zonas destinadas para su circulación y respetar las normas de tránsito, los comerciantes y demás particulares que desarrollan actividades económicas en el espacio público deben hacerlo dentro de las condiciones y autorizaciones establecidas por las autoridades, evitando obstaculizar las zonas de circulación. En consecuencia, la seguridad vial debe comprenderse como una responsabilidad compartida. Mejorar la movilidad peatonal no significa simplemente exigir un determinado comportamiento al peatón, sino construir un entorno urbano que reduzca los riesgos y facilite conductas seguras, esto implica recuperar y mantener los andenes, controlar su ocupación indebida, mejorar los cruces, garantizar accesibilidad universal, fortalecer la señalización y desarrollar estrategias de educación y cultura vial. En definitiva, la forma en que una ciudad utiliza y organiza su espacio público refleja también sus prioridades en materia de movilidad y seguridad. Una ciudad que garantiza espacios peatonales continuos, accesibles y seguros no solo disminuye la exposición de las personas a siniestros viales, sino que favorece una movilidad más incluyente y una convivencia equilibrada entre peatones, conductores, comerciantes, ciclistas y demás usuarios del espacio urbano. Con la vital importancia del deber en todas las instituciones desde los colegios, a enseñar sobre la importancia de la seguridad vial, tanto como el actor que usa los vehículos, como cuando se está del otro lado y es peatón.

gestión asociada
De la mirada como peatón, a la acción articulada frente a seguridad vial y uso del espacio público.

Por:Clara Stella Juliao Vargas
Directora Centro de Transformación Social
En cualquier barrio o sector de la UPZ 29 dan las seis y media de la mañana y ya hay muchas personas caminando, hacia una tienda, un paradero, un colegio, un templo. Por el andén, si es que existe, es difícil caminar, pues se ha estrechado por una moto parqueada, una carreta de reciclaje, una gran matera o una zanja que nadie se ocupó de volver a tapar. Los padres bajan de la mano al niño a la calzada, pues no encuentran otro camino; al mismo tiempo, un adulto mayor espera apoyado en algún poste que el tráfico pare porque el semáforo peatonal no funciona hace meses. Nadie podría indicar a simple vista que ese tramo de calle es un problema de seguridad vial, de ingeniería vial. Pero sí se puede explicitar como un problema de quién debe decidir para quién se hace la calle y el andén.
La seguridad vial desde la sensación o percepción del peatón implica pasar del vehículo a la persona, de la norma de tránsito a la producción social del espacio. Hace muchos años, Lefebvre (1968) lo planteó al indicar que el espacio urbano no es simple contenedor que solo se habita; realmente es resultado de relaciones de poder que terminan definiendo quién circula con comodidad y quién aguanta el desplazamiento de un espacio que se supone le podría pertenecer. Cuando un andén es ocupado por el parqueo informal, por el comercio ambulante o por el mismo comercio formal que se expande hacia afuera, y la calzada se diseña pensando en el flujo vehicular antes que, en el paso seguro, ese espacio público comunica una jerarquía: primero el carro o la moto, luego la persona. En ese marco, el derecho a la ciudad debe involucrar el derecho a cruzar la calle sin jugarse la vida y al caminar por el andén sin encontrar barreras.
Aquí cabe tener en cuenta que el riesgo vial no se distribuye por igual; la exposición al peligro termina asociada a las condiciones de cada uno. Quién tiene tiempo y vehículo elige rutas más seguras; quien no los posee, camina por donde el trayecto sea más corto, aunque sea más peligroso. Adultos mayores, niños que caminan solos, recicladores empujando carretas, están envueltos en un espacio público diseñado sin ellos y por lo mismo no para ellos. Vislumbrarlos como interlocutores con voz propia durante un diagnóstico o la formulación de una solución vial debe ser un ejercicio de justicia territorial.
Una pregunta que surge es como transformar esa jerarquía de poder territorial, y es aquí donde aparece la planificación - gestión participativa como dispositivo de articulación entre estado, empresa, academia y comunidad en torno a un problema concreto en el territorio como lo es la seguridad vial, y aparece resaltando que no es un problema que resuelve un solo actor. La autoridad de transito señaliza y sanciona, el comerciante conoce el flujo de la vía, pero no representa al peatón, la comunidad conoce el riesgo cotidiana pero no posee la capacidad normativa para intervenir ni sobre una esquina o andén, solo un trabajo articulado entre todos podría corregir el desbalance existente.
En esos términos la seguridad vial deja de ser un asunto de señalización y pedagogía o cultura ciudadana, para pasar a ser un ejercicio de gobernanza territorial compartida. De forma que reparar un andén, sincronizar un semáforo, rediseñar un cruce escolar o cualquier intervención técnica resulta más productiva y legitima cuando nace de la articulación entre la institucionalidad publica, los actores privados y la comunidad organizada, que desde una decisión técnica tomada lejos del territorio y su gente.
Pasar de la percepción de un peatón sobre su derecho a la calle a una acción articulada entre diversos actores es devolver a las personas de un territorio la corresponsabilidad sobre el espacio que se camina cotidianamente.
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Lefebvre, H. (1968). El derecho a la ciudad. Península.
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¿En qué consiste la responsabilidad vial?
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Invación de andenes.
Video extraído del canal oficial de YouTube
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